Castigados por una vulnerabilidad que no elegimos

Dependencia energética, conflicto global y la fragilidad construida del sistema energético peruano

Pierr Adrianzén Román — 25 de marzo de 2026

1. La paradoja como punto de partida

Hay algo profundamente revelador en el hecho de que un país con reservas probadas de petróleo, con el mayor yacimiento de gas natural de Sudamérica y con potencial exploratorio inexplotado en selva y zócalo continental, importe el 84% del crudo que consume. La cifra no es una anomalía estadística: es la expresión numérica de una construcción política. Según datos oficiales de Perupetro recogidos por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, la producción promedio de petróleo en 2025 fue de 44,150 barriles por día, mientras que el consumo nacional supera los 264,000 barriles diarios (EIA, 2024). La brecha —más de 220,000 barriles que deben llegar de fuera cada día— no se explica por geología. Se explica por lo que no se hizo.

Lo que se pretende con este análisis no es repetir el diagnóstico técnico que cualquier consultor energético podría producir. El objetivo es más incómodo: mostrar que la vulnerabilidad energética peruana opera con la misma lógica que he descrito en otro contexto como panóptico criollo —un sistema de control que no necesita ideología coherente ni planificación explícita para funcionar. El Estado peruano no diseñó deliberadamente la dependencia importadora; la produjo como efecto acumulado de décadas de clientelismo, corrupción sistémica e incapacidad institucional. Y precisamente porque nadie la diseñó, nadie se hace responsable de ella.

Cuadro 1. Producción, consumo y brecha petrolera

Fuentes: Perupetro/SPH (Agencia Andina, enero 2026); EIA/Worldometer (consumo 2024); Gestión (enero 2026).

La tendencia, además, es descendente. En enero de 2026, la producción cayó a 38,138 bpd —un 18.5% menos en términos interanuales, con tres meses consecutivos de contracción— y PetroTal anunció que recortará la extracción del Lote 95, el más productivo del país, a entre 12,000 y 15,000 barriles diarios. Los lotes 67, 192 y 64 no registran actividad. El Lote Z-69 pierde su contrato temporal en mayo. Perú produce hoy un tercio del petróleo que producía hace veinte años. Las reservas probadas alcanzan para siete años al ritmo actual de consumo.

2. La fragilidad sistémica: GLP, GNV y el punto único de falla

Reducir el problema al petróleo crudo sería un error de encuadre. El 57% de la oferta de energía primaria nacional corresponde al gas natural y sus líquidos; más del 44% de la generación eléctrica depende de gas natural; el 45.7% del consumo energético total sigue atado al petróleo por la vía del transporte. La vulnerabilidad no está en un combustible: está en la estructura.

Considérese el GLP. Más de ocho millones de hogares peruanos cocinan con gas licuado de petróleo. El 70% de ese GLP proviene de los líquidos de Camisea, transportados por un solo ducto a través de geografía andina compleja. El 1 de marzo de 2026, la rotura de ese ducto en Cusco interrumpió el suministro. En menos de tres semanas, el GLP vehicular subió un 107% y el balón de gas doméstico llegó a S/85 en zonas de Lima Norte, donde su precio habitual rondaba S/40-45. El dato relevante no es la magnitud del alza —que es brutal— sino lo que revela: todo el sistema de abastecimiento energético para millones de personas dependía de un punto único de falla. No había redundancia, no había plan B. El ex ministro Herrera Descalzi lo sintetizó con precisión: ese 70% cortado era, sencillamente, la fragilidad hecha sistema.

El gas natural vehicular, por su parte, tiene un esquema contractual que lo aísla parcialmente de los precios internacionales del petróleo —única buena noticia en este cuadro—, pero comparte infraestructura de transporte con el GLP. La misma rotura afectó al GNV, al GLP y a la generación termoeléctrica simultáneamente. Y las reservas desarrolladas de Camisea para el mercado interno se agotarían en una década según Osinergmin —menos, si crece la demanda—, tras lo cual Perú pasaría a importar gas natural en proporciones que el Asia Pacific Energy Research Centre estima entre 45% y 55% de la oferta primaria después de 2030. El diésel, que moviliza al 65% del parque automotor y cuyo 78% se importa ya refinado, es el principal vector de transmisión inflacionaria: diésel caro equivale a transporte caro, que equivale a alimentos caros, que golpea desproporcionadamente a quienes menos tienen.

3. Ormuz: la señal que el sistema no puede leer

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán. Teherán respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde transitaban diariamente 20 millones de barriles —el 20% del comercio mundial de petróleo—. El tráfico de petroleros cayó un 70%. Más de 150 buques quedaron inmovilizados. El Brent superó los US$100 el 8 de marzo, alcanzó US$126 en su pico, y al cierre de esta nota acumula un alza del 66% en lo que va de 2026. La Agencia Internacional de Energía ha calificado la situación como la peor interrupción del suministro energético desde la década de 1970. Irán ha formalizado un régimen de tránsito que equivale a un peaje de facto: hasta US$2 millones por buque comercial que cruce el estrecho.

Aquí es donde conviene introducir una distinción que suele perderse en el análisis convencional. Desde una lectura hayekiana, el mercado global de petróleo funciona: los precios señalan escasez, los actores se adaptan, Arabia Saudita y Emiratos redirigen crudo por rutas alternativas fuera del Golfo. El orden espontáneo del mercado está operando. El problema no es que el mercado falle; el problema es que Perú no puede responder a esas señales porque su aparato estatal ha bloqueado durante décadas la capacidad productiva interna. La información llega —el barril a US$100 es una señal inequívoca de que producir localmente sería rentable— pero no hay quién la procese. No hay lotes operativos nuevos, no hay inversión exploratoria, no hay empresa estatal competente, no hay marco regulatorio que atraiga capital privado. Las señales del mercado se estrellan contra un muro institucional.

4. Lo que ya está pasando: el golpe en cifras

Perú enfrenta una doble crisis superpuesta: la causa interna (rotura del ducto de Camisea) y la causa externa (conflicto en Medio Oriente). Según datos de Macroconsult publicados el 20 de marzo, entre el 28 de febrero y el 18 de marzo los precios al usuario final registraron incrementos que no admiten eufemismos:

Cuadro 2. Variación de precios, 28 feb. – 18 mar. 2026

Fuentes: Macroconsult/RPP (20 mar. 2026); La República (recorrido por grifos, 18-20 mar. 2026); Facilito-Osinergmin.

La dispersión de precios entre distritos de Lima es reveladora por sí misma: hasta S/10 de diferencia por galón de diésel entre Villa El Salvador (S/18.50) y Los Olivos (S/25.00). En Tacna, el GLP se agotó. En Puno, el gasohol regular saltó de S/19.20 a S/21.20. En Iquitos, el diésel pasó de S/18 a S/22.92. La lógica de transmisión es inmediata: transportistas que pagaban S/14 por galón de diésel ahora pagan S/21-25, y ese diferencial de S/7-11 se traslada a cada kilo de arroz, cada balón de oxígeno, cada metro cúbico de cemento que se mueve por carretera en un país donde el 65% del transporte depende de diésel importado.

5. La vulnerabilidad como dispositivo: una lectura de conjunto

Es tentador leer este escenario como la confluencia desafortunada de una causa interna y una causa externa —mala suerte, se dirá, que la rotura del ducto de Camisea haya coincidido con la guerra más disruptiva para el mercado energético en medio siglo—. Pero esa lectura es cómoda y falsa. La causa interna y la causa externa convergen porque el sistema fue diseñado —o, más precisamente, no diseñado— para ser vulnerable ante ambas simultáneamente.

Perú gasta entre US$10,000 y US$11,000 millones anuales en importación de petróleo y derivados. Con el Brent 60-70% por encima de niveles pre-conflicto, esa factura podría escalar a US$16,000-18,000 millones, presionando la balanza comercial y el tipo de cambio. Pero el problema macroeconómico, con ser grave, no es el más interesante. Lo verdaderamente significativo es la estructura de la imposibilidad de respuesta. El Gasoducto Sur Peruano —que habría diversificado la infraestructura de transporte— se canceló por Lava Jato. El Plan Energético Nacional al 2025 prometía gas natural al 35% del mercado; estamos diez puntos por debajo. Las energías renovables no convencionales representan apenas el 5.9% de la matriz, y el Estado no promueve subastas nuevas desde hace años. Petroperú, la empresa que debería liderar la producción, no puede siquiera constituir una sociedad con un operador privado para el Lote 192. Cada dato, tomado por separado, parece un fracaso aislado; leídos en conjunto, revelan un patrón.

Y es aquí donde la lectura foucaultiana resulta más productiva que la técnica. No estamos ante un Estado que intentó desarrollar capacidad energética y falló: estamos ante un Estado que funcionó exactamente como funciona —distribuyendo rentas, bloqueando competencia, manteniendo la informalidad institucional como mecanismo de control sin costo político visible—. La "seguridad energética" opera como dispositivo discursivo que todos los gobiernos invocan y ninguno materializa, porque materializar la seguridad energética implicaría tomar decisiones con costo político real: explorar en selva con oposición social, privatizar o reestructurar Petroperú, invertir masivamente en renovables, regular el almacenamiento descentralizado de GLP. El discurso de la seguridad energética, leído así, no es un programa: es una coartada.

Desde el lado de Hayek, la ironía es brutal. El mercado global está produciendo información —el barril a US$126 es una señal que dice "produzcan, hay escasez, el margen está ahí"— pero el aparato institucional peruano ha destruido la capacidad de responder a esa información. No es que el mercado falle; es que el Estado ha impedido que el país participe del mercado como productor. El orden espontáneo requiere agentes capaces de actuar: Perú los ha purgado. Y en ausencia de capacidad productiva doméstica, la única respuesta posible ante el shock es la que ya se está dando: trasladar el costo íntegramente al consumidor.

6. Lo que la guerra revela

Del Golfo Pérsico provienen también el gas natural, la urea y el amoníaco necesarios para producir fertilizantes. La interrupción de Ormuz no solo encarece el combustible: encarece los insumos agrícolas en un país que ya importa parte significativa de sus fertilizantes. El sistema eléctrico, ante la caída de Camisea, recurrió a generación térmica a diésel con costos marginales que superaron los US$200/MWh. La inflación del primer trimestre podría acercarse al 2%, cuando el acumulado del mismo periodo en 2025 fue 0.91%. Cada uno de estos efectos es, en sentido estricto, evitable. Pero su evitabilidad es precisamente lo que los hace políticamente insoportables.

Me interesa cerrar con una pregunta que me persigue desde que trabajo estos temas, y que la crisis actual reformula con urgencia: ¿hasta qué punto la vulnerabilidad energética de un país como Perú es una forma de castigo colectivo sin sujeto responsable? La estructura es análoga a la que he analizado en otros contextos: el sistema impone consecuencias severas a una población que no eligió la dependencia, que no decidió cancelar el gasoducto, que no optó por la desinversión exploratoria. El ciudadano que paga S/25 por un galón de diésel en Los Olivos está siendo castigado por una fragilidad que no construyó. Y como en todo dispositivo de control eficiente, no hay a quién reclamarle: ni Petroperú, ni Perupetro, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni ningún gobierno específico es el responsable. La responsabilidad se diluye en el sistema, que es exactamente lo que permite que el sistema se reproduzca.

La guerra en Medio Oriente no creó la vulnerabilidad peruana. La reveló. Y lo que revela no es un problema técnico que se resuelve con más inversión en exploración o con la privatización de Petroperú —aunque ambas serían necesarias—. Lo que revela es una forma de organización política que produce vulnerabilidad como subproducto de su propio funcionamiento. La pregunta que queda abierta es si alguna reforma posible desde dentro de ese sistema puede alterar la lógica que lo sostiene, o si estamos, como país, condenados a descubrirlo únicamente cuando el siguiente shock externo nos obligue a pagar, otra vez, una factura que no debería ser nuestra.

Fuentes principales

• Perupetro / Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). Estadísticas de producción petrolera 2024-2026. Vía Agencia Andina y Gestión.
• Worldometer / U.S. Energy Information Administration (EIA). Reservas probadas y consumo de petróleo, Perú 2024-2025.
• Macroconsult / RPP Noticias. Análisis de variación de precios de combustibles, 20 de marzo de 2026.
• La República. Recorrido por grifos y precios regionales, 18-20 de marzo de 2026.
• CNN en Español / Infobae. Cobertura de la crisis del estrecho de Ormuz, febrero-marzo 2026.
• Infobae Perú / RPP. Crisis del gas natural, GLP y GNV, marzo 2026.
• Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) / IPIGPE. Reservas de hidrocarburos y gasto en importaciones, octubre 2024.
• Osinergmin / Facilito. Precios de referencia de combustibles a nivel nacional.
• Balance Nacional de Energía (MINEM). Composición de la matriz energética peruana.
• Asia Pacific Energy Research Centre. Proyecciones de importación de gas natural al 2060.